Una persona condenada por el asesinato de un bebé de 11 meses en Indiana fue liberada casi 30 años antes de lo previsto, mientras que la fiscalía local no recibió ninguna notificación oficial al respecto.

La sospechosa Autumn Cordellioné, anteriormente conocida como Jonathan Richardson, fue condenada a 55 años de prisión en 2002 tras causar la muerte de la pequeña Faith Lee. Los registros muestran que el sujeto fue puesto en libertad bajo supervisión, habiendo cumplido menos de la mitad de su sentencia, un caso que evoca la controversia del preso condenado a cientos de años que fue elegible para liberación en California.

La información sobre su liberación solo salió a la luz cuando un residente reconoció al individuo y alertó a las autoridades. La Oficina del Fiscal del Condado de Vanderburgh confirmó que no recibió aviso previo del Departamento de Correccionales de Indiana, lo que genera temor sobre los riesgos de que sospechosos que han sido liberados de prisión puedan volver a cometer delitos graves.

Los informes indican que, tras regresar a la comunidad en Evansville, el sujeto ha aparecido en plataformas digitales, lo que ha encendido el debate entre la opinión pública.

El caso original ocurrió en 2001, cuando la víctima fue estrangulada en su residencia. En 2002, el tribunal dictó una sentencia por homicidio por negligencia, un veredicto que causó tanta indignación como la liberación anticipada de un agresor de menores que fue rechazada tajantemente por la familia de la víctima.

Durante su tiempo en prisión, el individuo estuvo involucrado en varios litigios legales relacionados con las condiciones de reclusión, incluyendo demandas contra el expresidente Trump y las autoridades penitenciarias.

Este acontecimiento se produce en un contexto en el que el estado de Indiana acaba de promulgar una nueva ley que exige al Departamento de Correccionales notificar a fiscales, sheriffs y autoridades locales al menos una semana antes de liberar a delincuentes violentos.

El incidente plantea serias dudas sobre los procesos de coordinación entre las agencias estatales y locales en la gestión de criminales peligrosos tras recuperar su libertad.

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