La decisión de suspender los servicios de tratamiento relacionados con la transición de género para menores de 19 años en el sistema Rady Children’s Health de San Diego ha desencadenado una serie de demandas, dejando a casi 2,000 pacientes pediátricos con interrupciones en su atención médica.
Cuatro familias han presentado demandas contra el hospital, alegando que el cese abrupto de los tratamientos provocó la cancelación de citas, interrumpió procesos médicos y los obligó a buscar urgentemente centros de salud alternativos.
Paralelamente, el fiscal general de California, Rob Bonta, también presentó una demanda independiente, afirmando que esta decisión viola las leyes estatales y perjudica directamente a los pacientes.
El núcleo de la disputa reside en un acuerdo de fusión vinculante que exige al hospital continuar ofreciendo servicios de tratamiento de transición hasta el año 2034. El estado de California sostiene que suspender el servicio para menores de 19 años incumple este compromiso.
Representantes del hospital señalaron que la decisión se tomó en un contexto de creciente presión a nivel federal, incluyendo controversias sobre la presión del fiscal general de Nueva York para restaurar programas de cuidado de transición en otros estados.
Sin embargo, los demandantes argumentan que la ley de California prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y considera estos tratamientos como médicamente necesarios, especialmente cuando algunos hospitales en Florida demandan a pacientes o enfrentan disputas legales complejas para mantener sus estándares operativos.
Actualmente, el tribunal ha emitido una orden temporal para impedir la suspensión total de los servicios mientras el caso sigue bajo revisión.
El incidente ocurre en medio de un creciente debate nacional sobre los programas de salud relacionados con la transición de género para menores, similar a los casos en que muchas familias demandan para proteger los derechos y la seguridad de sus hijos frente a cambios en las políticas de salud.
