Los senadores republicanos del Senado de los Estados Unidos han anunciado un paquete de 16 proyectos de ley destinados a combatir el fraude, con el objetivo de ahorrar aproximadamente 240.000 millones de dólares al presupuesto federal.

El paquete legislativo, titulado "Protecting American Taxpayers Act" (Ley de Protección a los Contribuyentes Estadounidenses) y liderado por Joni Ernst, fue elaborado tras meses de deliberaciones entre los legisladores republicanos, especialmente en el contexto del escándalo de fraude en Minnesota.

Según el plan, los proyectos de ley se centran en la recuperación de fondos malversados, la prevención de que el flujo de dinero federal se desvíe al extranjero, el fortalecimiento del control de los gastos y el procesamiento de actos fraudulentos.

La senadora Ernst afirmó que muchos políticos y jueces no han abordado con severidad las conductas fraudulentas, lo que provoca que miles de millones de dólares en impuestos se pierdan cada día.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha encargado a Ernst la tarea de construir un consenso dentro del partido para impulsar la votación de este paquete de leyes.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), entre 2018 y 2022, la cantidad de dinero perdido por fraude podría oscilar entre 233.000 y 521.000 millones de dólares. Además, el total de pagos indebidos ha superado los 2,8 billones de dólares desde el año fiscal 2023.

El paquete de leyes propone diversas medidas, que incluyen:

  • Establecer una fuerza especial para combatir el fraude tecnológico, como los deepfakes.
  • Extender el plazo de prescripción para procesar casos de fraude relacionados con el COVID-19.
  • Impedir el flujo de dinero hacia países bajo embargo o restricciones.
  • Reformar el programa de asistencia para familias de bajos ingresos.

Además, la propuesta incluye la recuperación de unos 65.000 millones de dólares no utilizados de los fondos COVID-19, recompensas para el personal que detecte fraudes y la prohibición de que personas condenadas por fraude accedan a programas de apoyo para pequeñas empresas.

El paquete legal también exige que el Departamento del Tesoro aumente la supervisión de los gastos, limite las transferencias de dinero al extranjero para los beneficiarios de subsidios y amplíe la protección a los denunciantes ante el robo de fondos presupuestarios de las autoridades.

Actualmente, no es seguro que el paquete sea aprobado, pero se considera un esfuerzo para ejercer presión política y obligar a los legisladores a definir su postura sobre el problema del fraude presupuestario.

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