La administración del presidente Trump presentó formalmente sus argumentos ante la Corte Suprema en la disputa sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, preparándose para el debate programado para el 1 de abril. El núcleo del caso radica en una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump el año pasado, que exige a las agencias federales interpretar la 14ª Enmienda de manera que no otorgue automáticamente la nacionalidad estadounidense, con el fin de limitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados o visitantes extranjeros temporales. En su escrito, el gobierno argumenta que la cláusula de nacionalidad de la Constitución fue diseñada originalmente para proteger a los esclavos liberados y a sus descendientes, quienes poseían un vínculo y lealtad hacia Estados Unidos. Según este argumento, los hijos de inmigrantes sin estatus de residencia legal o con presencia temporal no cumplen con el criterio de “lealtad” hacia el país, dado que sus padres carecen de una residencia legal permanente. La presentación estipula que los extranjeros temporales no se consideran con residencia fija, mientras que los inmigrantes indocumentados no tienen base legal para establecer dicho estatus, en un momento en que el gobierno considera exigir que los bancos recopilen información sobre la nacionalidad de sus clientes. La política busca frenar el “turismo de nacimiento” y evitar el uso del parto en EE. UU. como medio para la permanencia a largo plazo, formando parte de los logros destacados en seguridad fronteriza de este mandato. Se espera que la Corte Suprema escuche los argumentos de ambas partes en la audiencia de principios de abril. El caso podría sentar un gran precedente legal, a pesar de que Trump ha criticado anteriormente a la Corte Suprema por ciertos fallos relacionados.

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