5 de junio de 2026 — Un juez federal en Boston ha dictaminado anular una política migratoria de la administración del presidente Trump que dificultaba a los inmigrantes de 39 países permanecer y entrar en Estados Unidos.

En la decisión emitida el viernes, el juez federal principal John McConnell Jr. criticó duramente la política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), afirmando que la agencia había “empujado la vida de innumerables inmigrantes en Estados Unidos a una precaria situación legal indefinida.”

El juez McConnell escribió que el USCIS había excedido su autoridad legal, tomando decisiones sin una justificación razonable y utilizando la razón de la “seguridad nacional” como pretexto para ocultar una ideología antiinmigrante.

Según los documentos del caso, la política se emitió después de un tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional el año pasado. Esta política hacía que los inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente casi no pudieran obtener una decisión final sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia (green cards) o ciudadanía estadounidense.

La Sra. Skye Perryman, presidenta de la organización Democracy Forward —que representa a los demandantes—, declaró que el fallo afirma que el gobierno federal no puede cerrar vías de inmigración legales ni discriminar por nacionalidad.

Muchas organizaciones de inmigración y abogados de inmigración han calificado esto como una importante victoria legal, que ayuda a proteger los programas de inmigración legales y obliga al USCIS a cumplir correctamente con las responsabilidades establecidas por el Congreso.

La decisión se aplica a los casos pendientes en el USCIS relacionados con ciudadanos de países en la lista restringida, no solo a aquellos que participaron en la demanda.

Sin embargo, esta decisión no afecta a los casos de asilo que están siendo procesados por jueces de inmigración en la frontera de Estados Unidos.

En su argumento ante el tribunal, el gobierno de Estados Unidos sostuvo que el poder ejecutivo tiene amplios poderes para controlar la política migratoria y la autoridad para decidir si concede o deniega los beneficios migratorios.

Este caso forma parte de una serie de políticas de inmigración más estrictas de la administración del presidente Trump, en un momento en que el gobierno sigue reforzando los controles de seguridad y restringiendo la entrada a muchos países.